Fiscalizadores de la Contraloría trabajarán con un equipo interdisciplinario del gobierno y serán parte de las mesas de trabajo para verificar que las compras amparadas por la Resolución de Gabinete 85 del 7 de noviembre de 2020 que declaró la emergencia ambiental, cumplan con el procedimiento especial de adquisiciones de emergencia de la Ley de Contrataciones Públicas vigente.

En la Resolución que declaró la emergencia ambiental se aprobó, además, un presupuesto de 100 millones de balboas para mitigar el impacto ocasionado por el huracán Eta sobre las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Herrera, Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé.

Según Jorge Luis Quijada, Director Nacional de Fiscalización de la Contraloría, “por instrucciones directas del Contralor Gerardo Solís se reunió al equipo de fiscalizadores que cubre estas siete provincias para atender adecuadamente y de manera eficiente y eficaz la gestión de los recursos extraordinarios destinados a aliviar la situación imperante en las zonas de desastre”.

La primera reunión contó con los jefes y coordinadores de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y con los jefes Y coordinadores de Fiscalización de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Herrera, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas.

Analizado el alcance y procesos que deben cumplir en cada una de las compras, el equipo de fiscalizadores de la Contraloría participará en diferentes mesas de trabajo que establezca el gobierno para atender en debida regla las necesidades de todos los sectores afectado.

La Contraloría General ratifica su compromiso constitucional de velar y fiscalizar el buen uso de los recursos y bienes del Estado, mientras que es responsabilidad de cada  entidad contratante presentar su respectivo informe de rendición de cuenta al Consejo de Gabinete y a la ciudadanía en general dentro del plazo fijado por la Resolución de Gabinete 85 de 7 de noviembre de 2020.

El presupuesto extraordinario autorizado por el Consejo de Gabinete deberá dirigirse a la rehabilitación de la infraestructura pública y privada, caminos de acceso y vías de comunicación, la producción agropecuaria y la provisión de insumos médicos y artículos de primera necesidad, entre otros, para la población afectada por el paso del huracán Eta a partir del 2 de noviembre y días subsiguientes.